Al menos 70 propietarios de edificios ruinosos en Orihuela, en su mayor parte situados en el casco histórico de la ciudad, se han encontrado en sus casas con un informe, con acuse de recibo y firmado por la Inspección Técnica de Edificios (ITE) en la cual se les informa de que han visitado uno suyo y han descubierto deficiencias graves que antes o después podrían acabar con desprendimientos de la fachada y, a lo peor, con alguna desgracia. Algunos de ellos sólo tienen poco más 30 años, aunque la mayor parte de los edificios que están siendo objeto de seguimiento por la Concejalía de Urbanismo desde la primavera son casi centenarios y amenazan ruina.
«A la vista del riesgo que puedan derivarse de una mayor degradación y con el objeto de evitar daños a bienes y personas -se explica en los informes, todos prácticamente calcados- se insta al propietario a que previa obtención de los permisos administrativos pertinentes y como medida urgente retire los fragmentos que pueden provocar caídas a la vía públicas».
Corregir
Además, los propietarios tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para corregir la actual situación. El Ayuntamiento, a través de esta obligación legal de controlar el estado de los inmuebles, ha encontrado dos fórmulas interesantes para «venderlas» a los ciudadanos en estos tiempos de crisis. Por un lado, consiguen una vía extra de financiación municipal -a través de las preceptivas licencias que hay que pedir sí o sí porque el Ayuntamiento ya está detrás del estado del inmueble- y, segundo, se genera trabajo porque las reparaciones, obviamente, suponen la contratación de empresas del sector. Otra cuestión es qué hacer en el caso de que el propietario carezca de ingresos para este fin.
El Ayuntamiento prefiere no alzar la voz mucho en este asunto porque, obviamente, tendría la responsabilidad de, subsidiariamente, proceder a la reparación y cargar los costes pero, ¿a quién?. La fórmula de rehabilitarlos y ponerlos más tarde a la venta para, de este modo, todos estuviesen contentos, aún no se ha puesto a funcionar, aunque hay algunas voces que aseguran que la burocracia que llevaría el procedimiento supera con creces el beneficio.